1 10 1 https://www.arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/23/1752/0000001377.pdf 9259aee730a4e1739e69c312b6a56c27 PDF Text Text El nuevo federalismo en España y Europa: la propuesta catalana para Europa Conferència de Pasqual Maragall al Club Siglo XXI (8/2/01) Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también por las amables palabras de presentación del Secretario General del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero. Ante todo quiero resaltar la hospitalidad acogedora del Club Siglo XXI que constituye una referencia ineludible para todos aquellos que creemos en la virtud del diálogo franco y abierto como fundamento de una democracia viva. Una visión de Cataluña y España Por eso estoy esta tarde aquí con ustedes. Con la intención de exponer las líneas fundamentales del proyecto que represento y que va más allá de las fronteras de mi propio partido político. Se trata de un proyecto catalán y catalanista que tiene una visión de España y la vocación de participar activamente en la tarea de la construcción de una España plural en el marco de la Unión Europea. No quiere ser una propuesta fría, una mera receta para articular mejor las relaciones entre las instituciones de nuestro Estado y las de éste con las europeas. Quiere ser una propuesta cálida y emotiva, impulsada por un sentimiento de empatía y dirigida sobre todo a conseguir el objetivo de la convivencia plena de los diversos pueblos de España. No se trata de una visión nueva de Cataluña y España. En todo caso es una visión renovada que es hija de una tradición que hunde sus raíces en la Cataluña liberal y librecambista del siglo XIX y que tiene referencias como el diálogo de Joan Maragall con los intelectuales del 98, el joven Cambó, la izquierda catalanista que eclosiona con la Generalitat republicana y se compromete a fondo con la Segunda República, el municipalismo, el catalanismo unitario representado por la Asamblea de Cataluña y, finalmente, la Generalitat provisional con el president Josep Tarradellas al frente. Es una tradición que ha encontrado en muchos momentos su tradición complementaria en Castilla: la Institución Libre de Enseñanza sería su símbolo más depurado. 1 �Soy de los que creen que sobre la base del entendimiento de estas dos tradiciones es posible una España plenamente reconciliada, una España incluyente, no excluyente, que no sea recelosa de las nacionalidades y regiones que la integran. También creo (con José Luís Rodríguez Zapatero) que vamos a tardar alrededor de dos años en definir con precisión lo que entendemos por "nuevo federalismo”, es decir, el conjunto de condiciones políticas de una España posible, que van desde el sistema de financiación pública a tres niveles hasta la distribución de los recursos hídricos, o la red de alta velocidad o, en fin, las inversiones en las áreas metropolitanas. La "España que pudo ser" y que ya empezó a perfilarse a partir de la Constitución de 1978 será una realidad plena en un mañana no inmediato, pero no lejano. Esta es una convicción que nace de mi propia experiencia familiar. Pero, más allá de los sentimientos, entiendo que se trata también de una cuestión de intereses, de interés mutuo. A Cataluña no le interesa permanecer ni un momento más ensimismada en un continuo ejercicio narcisista. Necesita volcar todas sus energías en atrapar las nuevas oportunidades que ofrece el proceso de globalización, sin las que la afirmación de la identidad se convertiría en una retórica vacía para un país inexistente. Y a España no le interesa que uno de sus motores vaya al ralentí y que entre tanto vaya cultivando agravios. Quiero que vean en mí y en el proyecto del socialismo catalán la representación de una Cataluña que quiere entenderse con España con una propuesta de catalanismo federal, basado en los principios de unión y libertad, y con un talante amable, pactista, razonable y cordial que, a la vez que presenta sus aspiraciones, ofrece confianza y corresponsabilidad. Una propuesta catalana para España: el nuevo federalismo Todo ello me lleva a proponer una determinada lectura de les nuestras leyes y de nuestras instituciones comunes. Dejando claro de entrada que lo importante es una determinada concepción de fondo y que, por consiguiente, las leyes y las instituciones son instrumentos todo lo delicados que se quiera- para entendernos y para facilitar la convivencia común. 2 �La lectura que les propongo puede identificarse con la denominación de nuevo federalismo, aunque no es mi intención propiciar un debate nominalista, ni mucho menos doctrinario... Pero, ¿acaso no es el Estado de las Autonomías un Estado federal en su funcionamiento real? Lo que es bien cierto es que nos encontramos ante una realidad institucional y política compleja que demanda audacia en la visión de los problemas y pragmatismo en su solución. Dicho esto, no tengo reparo en afirmar que mi propuesta -la propuesta de los socialistas catalanes- es una propuesta federal para España pensada desde la periferia de España y mirando a Europa. Y es una propuesta que creo actual por un triple motivo: Por la necesidad de superar la perplejidad de la izquierda española después de la derrota electoral en las elecciones generales, que puso en circulación, entre otras cosas la idea discutible de que el cuerpo electoral achacaba a los socialistas la ausencia de un proyecto común y entendible de España. [La propuesta de política autonómica y municipal del PSOE a través del documento "La Estructura del Estado" impulsado en 1998 por Joaquín Almunia, contiene un proyecto claro y completo.] Por la necesidad de producir una inflexión en la posición del PP que, al fosilizar el texto constitucional del 78, nos puede abocar fácilmente a una regresión de consecuencias imprevisibles. Se trata de una actitud basada en la consideración de que deben corregirse los "excesos" del pacto constitucional del 78 y volver a la "normalidad" de una concepción unitaria de España que - a lo sumo- tolera o conlleva las "particularidades". El Partido Popular ha capitalizado electoralmente, según algunos, su idea simplista de España. Una idea que puede ser reconfortante para muchos cuando la inseguridad se instala en les conciencias. Pero es una idea basada - a mi juicio- en una lectura parcial e incompleta de la Constitución y de la propia Historia de España. La Constitución, todas las Constituciones en su inicio, son una inmensa Disposición Transitoria, desde el pasado y hacia el futuro. En nuestro caso desde la dictadura a la democracia. Volveré sobre este punto... Y, en tercer lugar, creo que nuestra propuesta federal es actual por la desorientación de los nacionalismos periféricos plasmada en el movimiento táctico de la "Declaración de Barcelona" y su inaceptable preámbulo y en la profunda crisis que atraviesan, por motivos bien distintos y conocidos, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. 3 �Pienso que no es conveniente estar hablando todo el día del terrorismo y del conflicto vasco, ni mucho menos sobreactuar confundiendo el papel que deben realizar las instituciones y la sociedad civil. De este modo, se contribuye sin quererlo a reforzar la estrategia de eta (a la que no nombraría nunca por su nombre en mayúsculas, por cierto). Déjese de fabricar mociones, declaraciones y manifestaciones que tienen el doble carácter de reafirmar nuestro dolor y confirmar a los que lo producen que están consiguiendo los efectos que se propusieron. Aplíquense los acuerdos globales antiterroristas, cumplan las instituciones sus obligaciones y foméntese el contacto con la sociedad vasca para producir las condiciones políticas y sociales de la derrota del terrorismo. Los socialistas catalanes creemos que los nacionalistas vascos han de cambiar de política y si no están dispuestos a hacerlo las elecciones anticipadas son una ineludible exigencia democrática. Cuanto antes mejor. Pero creemos también que el Partido Popular no debería pretender obtener rendimientos electorales de la situación tanto en el País Vasco como, sobre todo, en el resto de España. Defiendo pues la oportunidad de la propuesta federal a pesar de las circunstancias. Hay que empezar a trabajar aunque el resultado sólo se obtenga dentro de algunos años. Mantener la propuesta federal es oportuno a pesar de las circunstancias temporalmente adversas, que pueden aconsejar modularla o precisamente por ellas, puesto que obligan a un mayor esfuerzo de explicación, de diálogo y de búsqueda del interés común. De un interés común que no está predeterminado para siempre, como nos recordaba el llorado Ernest Lluch al advertir - en polémica con la Real Academia de la Historia- que lo "permanente" e "invariable" es ahistórico. Y no ignoro las voces que en Cataluña consideran que "ya hemos hecho tarde" (como decimos allí) y que, por consiguiente, el esfuerzo de pedagogía y de diálogo es del todo inútil. No lo comparto, pero es un aviso a tener en cuenta. También creo que la mejor contribución desde Cataluña a la solución de los problemas generales de la gobernabilidad de la España plural es hoy una actitud moderada de mantenimiento de nuestras posiciones federales y de explicación serena de porqué nos parece que son las más apropiadas para la efectiva vigencia del espíritu de la actual Constitución española y de nuestro Estatuto de Autonomía. 4 �Y, por lo tanto, de todos los demás Estatutos. Es más: creo que esta actitud tendrá una utilidad diferida. La de ayudar a promover un cambio en la cultura política y jurídica de España que será imprescindible para resolver en el momento oportuno -es decir una vez vencido el terrorismo- el conflicto vasco. Un momento en el que necesitaremos pensar aquello que aún no existe pero que puede existir y es mejor. Estoy convencido de ello. Pienso que detrás de las dificultades que existen en el centro de España para entender a las nacionalidades históricas y en particular para entender la singularidad de Euskadi y encontrar el camino de la paz, existe el temor de que Cataluña quiera lo mismo que Euskadi y que esto haga imposible cuadrar las ecuaciones de la cohesión española, tanto económica como culturalmente. Que no abriguen estos temores. Cataluña quiere otra cosa. Quiere contribuir, y de forma destacada, a la construcción de la España plural. Y lo quiere así porqué es consciente de su peso y sobretodo porqué es consciente de que difícilmente irá bien si no es dentro de una España europea y fuerte y de que España no lo será si Cataluña no se vuelca en ello. ¿En qué principios se basa la propuesta federal? El federalismo se basa en los principios de unión y devolución. O, si lo prefieren, de unión y proximidad. Unión siempre que sea necesario; proximidad siempre que sea posible. Estos principios se derivan de los Tratados Europeos que hemos ratificado. Son derecho positivo y vigente, aplicable por los jueces y tribunales. A esa conjunción de principios los Tratados la denominan subsidiariedad. La subsidiariedad recogida en los Tratados no equivale necesariamente ni con exactitud a la proximidad del gobierno a la sociedad o a los ciudadanos. Equivale a la preferencia por la proximidad de la toma de decisiones en igualdad de condiciones de eficacia, equidad y peligro de colusión. La falta de eficacia, la falta de equidad o cohesión y el peligro de colusión entre administración y particulares se constituyen en excepciones a la regla de la proximidad establecida en el preámbulo de los Tratados de la Unión. 5 �El principio de subsidiariedad ha tenido interpretaciones diversas a lo largo de su vigencia en los Tratados. La doctrina de Birmingham, adoptada bajo presidencia británica, es mucho más restrictiva que la predominante en las culturas políticas alemana, italiana o de los Países Bajos: limita la proximidad a un criterio de preferencia a favor de los estados en todos aquellos temas que no hayan pasado a ser de competencia comunitaria. La conferencia Intergubernamental prevista para el año 2004 fijará en definitiva el concepto relevante de subsidiariedad y el consiguiente reparto de competencias, o mejor dicho, los criterios para la atribución de competencias en circunstancias distintas y bajo culturas políticas distintas, como son las que componen Europa. Criterios comunes, culturas distintas: esta es la realidad europea que se está imponiendo. Criterios comunes incluso en la adopción de las fórmulas para excepcionar a las culturas más distintas o distantes de la cultura política dominante, como ocurre con la unidad monetaria o en diversos temas objeto de cooperación reforzada o parcial, no de todos los países. El federalismo, en la medida en que persigue la Unión de los pueblos de Europa, como propone el preámbulo del Tratado, no es asimétrico más que en la medida requerida para combinar esa diversidad con la igualdad de derechos políticos. No trata de anular la diversidad sino de reflejarla en un sistema común de derechos. "Asimetría" es un concepto que pueden manejar con precisión los politólogos, pero que los políticos no deberíamos utilizar más que con gran precaución. El federalismo hace residir en la persona y en la sociedad, más que en la nación, la fuente del derecho. En este sentido es "socialista" (entre comillas) o societario. El jacobinismo centralista y el independentismo, que hacen residir la fuente del derecho en el Estado-nación 1 son en cambio, en este mismo sentido, "nacionalistas". El principio de confianza federal o lealtad constitucional (la "Bundestrue" del federalismo alemán), tanto vertical (estadoautonomías) como horizontal (entre autonomías) es requisito indispensable del buen funcionamiento de los Estados-nación plurales. Un socialista andaluz -Javier Torres Vela- ha precisado con acierto el alcance del principio de confianza federal que "supone -dice- una aceptación plena del pacto constitucional y de respeto de cada instancia territorial a las competencias de los demás poderes públicos" 6 �Quiero resaltar especialmente el valor de este principio en un momento en que son cada vez más las voces - equivocadas a mi modo de ver - que dudan que hoy fuera posible reeditar el pacto constitucional tal como fue concebido en 1978. No es lo mismo, evidentemente, el espíritu del 78 que el espíritu del 24 de febrero de 1981, cuando un conocido director de un medio de comunicación de Madrid no veía otra alternativa que sacrificar el Estado de las Autonomías para que pudiera pervivir el sistema democrático. Pero hoy, con mayor perspectiva histórica, comprendemos mejor lo que ha pasado y podemos empezar lo que aquel espíritu de entonces nos pide que hagamos ahora para profundizar en él y mantenerlo vivo. Los pilares de la propuesta federal El nuevo federalismo que proponemos es un federalismo desde abajo, que reconoce y respeta la diferencia, que articula de maneras diversas las realidades que son diversas. Un federalismo que se basa en dos criterios: la igualación en servicios y estándares de vida de los ciudadanos, es decir solidario con las partes menos desarrolladas; pero, a la vez, un federalismo que no confunde la solidaridad con la uniformidad y que es capaz de ofrecer, como ha ofrecido, todas las posibilidades de desarrollo nacional, político y cultural a viejas naciones como la catalana o la vasca y todas las posibilidades de prosperar en el marco de su peculiaridad a los archipiélagos y a determinadas regiones que se sienten también nacionalidades. Un federalismo que valora tanto la legitimidad histórica de los pueblos de España y sus instituciones, como la legitimidad de ejercicio de la que habla José Bono cuando explica el arraigo creciente del sentimiento comunitario en Castilla La Mancha. La propuesta federal que les propongo se fundamenta en cuatro pilares básicos: el político, el fiscal, el cultural y el judicial. Federalismo político En el ámbito político la propuesta principal es reformar el Senado para convertirlo en lo que proclama el artículo 69.1 de la Constitución: la cámara de los territorios. Se trata de adecuar el Senado a la estructura real de nuestro Estado para que cumpla la función constitucional específica que tiene asignada: llegar a ser el espacio institucional de participación de las Comunidades Autónomas en el Estado. 7 �Lo cual requiere -por ejemplo- asegurar la participación con voz de los presidentes autonómicos tanto en Pleno como en Comisión; la elección de los senadores por los Parlamentos autonómicos; la posibilidad de que los senadores elegidos sean alcaldes; la posibilidad de que los Gobiernos autonómicos puedan incluir puntos de debate en el orden del día... El Senado ha de ser así el espacio institucional común del diálogo multilateral entre el Gobierno español y las Comunidades Autónomas. Pero también ha de ser la cámara de diálogo entre las Comunidades Autónomas desde la que pueda ser abordada la cooperación entre ellas. Asimismo, el Senado ha de canalizar la participación de las Comunidades en la Unión Europea. Y ha de incorporar la realidad plurilingüística de España, de modo que se convierta en normal y habitual el uso de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. El voto contrario al que hemos asistido esta semana negando la posibilidad de que el DNI y el pasaporte se expresen en los dos idiomas, el propio y el común, indica una resistencia a aceptar esta realidad. Y ha de tener en algunas leyes funciones legislativas de primera lectura (la reforma de los estatutos de Autonomía, las leyes del artículo 150 de la Constitución, la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, los convenios y acuerdos de cooperación de las Comunidades Autónomas y la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la Constitución); y ha de ser el ámbito del primer debate de las iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos. En el Senado ha de existir una comisión parlamentaria permanente encargada del debate y del seguimiento de la financiación de las organizaciones territoriales del Estado. El Senado ha de crear una Oficina de asuntos económico-territoriales que permita el acceso a toda la información sobre los flujos económicos, elaborada a partir de una base territorial. Y, finalmente, el Senado ha de seguir siendo una cámara de debate político en tanto que cámara de las Cortes Generales. En donde el Presidente del Gobierno, una vez obtenida la investidura y formado Gobierno, debería comparecer para exponer y debatir su programa relativo a la estructura territorial del Estado y sobre el pluralismo cultural y lingüístico. 8 �En resumen, el Senado es una cámara de representación y de debate político [Quisiera mencionar en este momento la magnífica conferencia que Jesús Caldera pronunció en esta misma tribuna hace dos meses sobre la representación política y el Parlamento.] y ha de ser también la primera y principal voz en las cuestiones relativas al Estado de las Autonomías. Aquella es la función genérica que comparte con el Congreso y esta última constituye el objetivo específico del Senado. La reforma del Senado en el sentido que les he expuesto requiere de una reforma muy concreta de la Constitución: la del artículo 69 del Título III de la misma y de aquellos que sean concordantes o complementarios, sin que tenga que modificarse el Título VIII. No hemos de discutir el sistema autonómico, sino la organización del Senado, en tanto que cámara de representación territorial y como órgano integrante de las Cortes Generales. De todos modos, más adelante me referiré a la cuestión de la reforma constitucional. Quisiera añadir, más allá de los criterios expuestos sobre la reforma del Senado, una consideración sobre la oportunidad de integrar a los municipios en la representación senatorial de cada una de las autonomías, de tal modo que el conjunto de las instituciones territoriales puedan tener una presencia equilibrada en el máximo órgano legislativo del Estado. Y no quisiera cerrar este capítulo dedicado a los aspectos institucionales de la propuesta federal, sin mencionar un aspecto de un alto contenido simbólico: la localización de instituciones del Estado fuera de la capital de España. Tenemos un tímido, pero positivo, ejemplo en la radicación en Barcelona de la Escuela Judicial. La lógica profunda de un Senado como cámara territorial conlleva la posibilidad y la conveniencia de potenciar la presencia regular del Senado en las Comunidades Autónomas, tanto desde el punto de vista simbólico como desde la perspectiva de la localización descentralizada de alguno de sus servicios. Hay que acercar las instituciones representativas de la soberanía popular al pueblo del que emanan, tanto por las vías que abren las nuevas TIC, como por las vías tradicionales de las Cortes viajantes. Hay que terminar con el absurdo de la identificación de lo nacional con un lugar, un acento o un rincón del país. 9 �Federalismo fiscal El federalismo fiscal constituye el segundo pilar de la propuesta federal. Proponemos afrontar la organización de la financiación territorial desde cuatro grandes criterios. El primero, igualar los resultados en gasto público por habitante de las autonomías del régimen foral con las autonomías del régimen común, en proporción a sus competencias y en un horizonte tan largo como sea necesario (20 años, por ejemplo). Y que quede claro que decimos los mismos resultados, no necesariamente el mismo procedimiento. El segundo criterio se refiere a la redistribución del gasto público entre las tres administraciones públicas, de modo que la Administración del Estado limite su participación -sin pensiones ni amortizaciones de la deuda pública - al 40%, repartiéndose el 60% restante a partes iguales entre autonomías y ayuntamientos. Es imprescindible un planteamiento general que tenga una visión de conjunto del papel y el peso de los tres niveles de gobierno (central, autonómico y local). El tercer criterio atañe al tratamiento de las áreas metropolitanas y propone igualar la inversión del Estado por habitante entre las áreas metropolitanas españolas de más de un millón de habitantes (hoy Madrid, Barcelona y Valencia, mañana quizás Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga) El cuarto criterio define una regla básica de equidad fiscal territorial: que las autonomías paguen en proporción a su riqueza y reciban en proporción a su población. Es decir, pagar por renta y recibir por población. A estos cuatro criterios nuestros compañeros andaluces añaden un quinto criterio: la concesión de un período de tiempo de aproximadamente diez años para la recuperación de retrasos estructurales históricos de algunas comunidades autónomas mediante una financiación suplementaria. Desde Cataluña nos parece que es un objetivo posible y deseable. Tiene la virtud de insistir en la cohesión y la virtud adicional de limitar el esfuerzo en el tiempo. Está en la línea de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre la cohesión entre los territorios ricos y pobres de la República Federal y en la línea del Consejo Europeo respecto de la cohesión entre estados. 10 �Seguramente podría extenderse esta temporalidad a la recuperación de los retrasos relativos de algunas áreas metropolitanas respecto de la de Madrid, tal como sucedió durante el período preolímpico, en el que las inversiones de la Administración del Estado en el área de Barcelona igualaron a penas las inversiones realizadas en el área de Madrid. Después las inversiones se han desequilibrado. En parte por la menor inversión del Estado y en parte también por las menores inversiones de la Generalitat de Cataluña en comparación a las de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, sería necesario admitir el argumento del actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña de que el cuarto criterio (pagar por riqueza y recibir por población) tendría que modularse por la mayor demanda de determinados servicios públicos (por ejemplo, la Sanidad) a medida que aumenta la renta. (Aunque esto favorecería también a la Comunidad de Madrid y no ayudaría a restablecer el equilibrio, ni tampoco a cuadrar posibilidades financieras y gastos efectivos). Lo que ha de quedar claro es que los socialistas catalanes insistimos en tres cosas. Que lo importante no es discutir solamente qué impuestos concretos y qué gastos concretos se redistribuyen. Lo importante es ponerse de acuerdo en los objetivos que perseguimos todos juntos, objetivos como los que nosotros proponemos en los cinco puntos, porqué si no la discusión técnica sobre los impuestos no se acabará nunca y desvirtuará el debate político de fondo. A todos nos interesan planteamientos a medio y largo plazo que permitan dar estabilidad y hacer factibles financieramente las medidas que se adopten. Que el federalismo fiscal no es auténtico federalismo si no comporta un cierto margen de libertad en el establecimiento de los tipos impositivos, cosa que puede aligerar además los problemas derivados de la mayor demanda de servicios de la población a medida que aumenta la renta y que de paso garantiza la auténtica corresponsabilidad fiscal de las autonomías, hoy ausente o muy insuficiente. Que la discusión sobre los objetivos del federalismo fiscal no se puede ir retrasando hasta finales del año 2001, para entrar en vigor en el 2002, lo que supondría, contando con los plazos de entrada en vigor efectivo del sistema, que no se aplicaría totalmente hasta la próxima legislatura. Ello introduce un grado de incertidumbre política inaceptable. Los socialistas catalanes exigimos que la discusión comience ya, que participemos todos y que antes de finalizar el año estén fijados unos objetivos estables para los próximos 10 o 15 años, o más si es posible. 11 �En resumen: ofrecemos un cuadro estable de relaciones fiscales y financieras de carácter federal, equitativo y duradero, con corresponsabilidad y suficiencia, que pueda ayudar decisivamente a eliminar los fantasmas del rencor y la desconfianza entre comunidades. Federalismo cultural En el ámbito cultural y educativo es donde nos jugamos de verdad la viabilidad de una España de todos. La educación es la fuente del entendimiento, que es el cemento de la España plural, el único cemento duradero. Es un grave error considerar que la protección y la promoción de las culturas y de las lenguas españolas no castellanas compete exclusivamente a las instituciones catalanas, vascas y gallegas y que, por consiguiente, la acción cultural y educativa del Estado debe circunscribirse a la cultura española expresada en castellano. Más allá de las definiciones competenciales existe un deber moral y político del Estado de incorporar a su "corpus" simbólico todas las culturas y todas las lenguas de España. Por ello, los cuatro idiomas españoles -el castellano, el catalán, el vasco y el gallego- han de ser protegidos por el Estado y estar presentes en sellos, pasaportes y documentos de identidad, en las emisiones del Euro, y en las instituciones culturales españolas de todo tipo. Del mismo modo, las autonomías con lengua propia distinta al castellano deben -en reciprocidad- defender y proclamar el castellano como una inmensa riqueza propia, cerrando el largo período histórico de justificados resentimientos por la continuada persecución del catalán, del euskera y del gallego y la imposición del castellano, que ha durado más de dos siglos. Es asimismo imprescindible que en todas las escuelas de España se explique una historia que sea la historia común de los pueblos de España. Ni la historia única de España, ni las diecisiete versiones autonómicas de la misma. Una historia común de un país formado por gentes de distinta "nación", de cimientos diversos, pero que se respetan, debiera permitirnos adoptar un punto de vista cada vez más común, no ignorante de las diferencias pero sí consciente del terreno compartido 12 �Esto es federalismo: educación en la pluralidad, entendimiento entre los pueblos de España de los que habla la Constitución. Unión y libertad. No unión pero libertad; o libertad pero unión: libertad y unión. Ser diferentes e ir juntos. Y por lo tanto ser iguales en el destino, aunque diferentes en el origen. Federalismo judicial Y el cuarto pilar de la propuesta federal se refiere al ámbito de la justicia. En el campo judicial, los socialistas catalanes estamos por la transferencia a los Tribunales Superiores de Justicia de las competencias del Tribunal Supremo en materia de casación de sentencias. Es uno de los aspectos de la necesaria reforma para conseguir una justicia más ágil y próxima. Entendemos que la casación en los Tribunales Superiores autonómicos ha de tener una sola excepción: el recurso de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, al alcance de todos aquellos ciudadanos que consideren que la jurisprudencia de uno o varios Tribunales Superiores de otras Comunidades les es más favorable. Con ello se garantiza la homogeneización en última instancia de la jurisprudencia sin renunciar a la proximidad y diligencia de la justicia. Si pensamos a escala europea, algún día llegará que el Tribunal de Luxemburgo tenga que hacer esta clase de arbitraje entre ciudadanos de los diferentes estados de la Unión Europea. Sin duda la Carta Europea de Derechos del Ciudadano nos aproximará a él. El decálogo federal Hasta aquí el recorrido por los cuatro ámbitos en que se concretan las propuestas del nuevo federalismo: el político, el fiscal, el cultural y el judicial. A lo largo de este recorrido se han perfilado diez proposiciones que constituyen una especie de decálogo federal. 1. Reformar el Senado para convertirlo en la cámara territorial. 2. Descentralizar las sedes de las Instituciones del Estado. 3. Igualar en 20 años los resultados del régimen foral con los del régimen común. 4. Redistribuir el gasto público en la proporción 40-30-30. 5. Igualar la inversión del Estado por habitante en las áreas metropolitanas. 6. Pagar por renta y recibir por población. 13 �7. Conceder un período de diez años a las Comunidades Autónomas con atrasos estructurales. 8. Proteger e impulsar desde el Estado las cuatro lenguas españolas. 9. Enfocar la enseñanza de las Humanidades en torno a la historia común de los pueblos de España. 10. Casar las sentencias en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos con la excepción del recurso de unificación de doctrina. ¿Hay que reformar la Constitución? ¿Qué consecuencias constitucionales tienen las propuestas que les he explicado? ¿Es necesaria la reforma de la Constitución? ¿Es oportuno plantearlo? Ante todo creo que hay que acabar con el tabú de la Constitución intocable. Ya les he avanzado mi convicción de que es necesario reformar la Constitución para conseguir que el Senado se convierta plenamente en la cámara de representación territorial para que, como tal, llegue a ser el símbolo institucional del reconocimiento político de la diversidad nacional, cultural y lingüística de España. No tiene sentido alimentar temores ante el planteamiento de una reforma constitucional precisa y concreta. En el campo político y en el campo académico es reconocido el carácter abierto de la Constitución, que es lo que ha permitido precisamente la construcción del Estado autonómico. Un sistema complejo -como el Estado de las Autonomías- que aspire a mantenerse ha de ser abierto y adaptable. El consenso de partida que hizo posible la Constitución de 1978 exige su continuidad mediante un pacto constitucional permanente que puede llevar a revisiones periódicas del texto constitucional. La aprobación de los sucesivos Estatutos de Autonomía ha sido un ejemplo de esta renovación continuada del pacto constitucional. Están fuera de la realidad las propuestas de cerrar el modelo de Estado y también los que consideran intocable la Constitución. Son actitudes que esconden la defensa de una España que ya no existe. No es lo mismo proponer el cierre del modelo, como hace el PP, que querer dar nuevas perspectivas al Estado autonómico a partir de la corrección de sus disfunciones y sus desequilibrios. 14 �Los socialistas catalanes queremos dotar de estabilidad y eficiencia al modelo autonómico para que encuentre su punto de equilibrio, pero no a costa de ignorar la realidad plural de España. Hemos aprendido muy bien la lección de la LOAPA y por ese camino no nos encontrarán. En veinte años se han producido dos cambios sustanciales en la configuración del Estado español como son: la generalización de las autonomías y la plena incorporación de España a la Unión Europea. Ambos cambios ulteriores a la Constitución de 1978, que, si bien puede considerarse implícitamente federal, admite y necesitareformas para incorporar nuevos planteamientos, derivados precisamente del desarrollo autonómico. Hay suficientes razones, pues, para intentar un nuevo paso adelante que implique la renovación del pacto constitucional. Un nuevo pacto constitucional que se proponga completar el desarrollo autonómico y corregir los desequilibrios y disfunciones, por un lado, y avanzar en el reconocimiento de la realidad plurinacional de España, por el otro. Un nuevo pacto constitucional que ha de comportar cambios precisos y acotados en la Constitución para reformar el Senado. Concretamente y tal como les he avanzado antes: la reforma del artículo 69 del Título III y de aquellos que sean concordantes o complementarios. Estoy convencido que también es necesaria la reforma constitucional para reformar la Justicia, el verdadero agujero negro de nuestro sistema democrático. Pero soy consciente que, hoy por hoy, es más factible llegar al consenso sobre la reforma del Senado (empezando por la asistencia de los presidentes y líderes autonómicos) que sobre la reforma judicial. Más allá de la reforma constitucional: la confianza federal Con el mismo espíritu del pacto de renovación constitucional han de resolverse los principales problemas pendientes de nuestro Estado autonómico. Muchos de ellos los he ido identificando al desgranar las propuestas del nuevo federalismo. La financiación autonómica y local, la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal ante la Unión Europea o la reforma de la Administración del Estado derivada de la culminación de los traspasos de competencias a las 15 �Comunidades Autónomas son algunos de los problemas que demandan cambios legislativos y decisiones políticas formales, pero también precisan de acuerdos tácitos o pactos no escritos sobre el modelo de relación entre el Estado central y las comunidades autónomas, en la línea de lo que en los Estados federales consolidados se denomina confianza federal. Y, pensando en el futuro inmediato, hay que prever asimismo el proceso de redistribución de poder y competencias entre las comunidades autónomas y los municipios, de manera que el principio de proximidad termine por ser el criterio rector de toda nuestra organización institucional. Pero, el nuevo pacto constitucional no puede limitarse a completar el desarrollo autonómico y a corregir las disfunciones observadas. Se ha de avanzar a la vez en el reconocimiento de la realidad plurinacional de España. Un ejemplo del alcance de este reconocimiento sería una decidida política lingüística y cultural de Estado que facilitase y promoviese el uso de todas las lenguas de España en las instituciones, los documentos y los símbolos del Estado autonómico, tal como les he explicado antes. Sin el reconocimiento explícito de las diferencias -de lo que se ha convenido en denominar "hechos diferenciales"- podríamos llegar a perfeccionar el modelo de Estado y sus instituciones, pero seguiríamos sin resolver el problema de la convivencia de las Españas. Además de un Estado más estable y eficiente, aspiramos -en palabras de Isidre Molas- a una España cómoda para todos. En 1978 la esencia del pacto constitucional consistió en que las fuerzas políticas ampliamente mayoritarias de Cataluña y el País Vasco renunciaron a ejercer el derecho de autodeterminación, a cambio de conseguir un nivel de autonomía y de autogobierno a la altura de lo que habían conseguido con los Estatutos de la Segunda República. Podría afirmarse que el sacrificio de la expresión de la diferencia y de la pluralidad nacional de España ha sido el precio pagado desde Cataluña y el País Vasco para hacer posible la construcción y la consolidación de la democracia española. Hoy, el núcleo del nuevo pacto constitucional tendría que consistir en que las nacionalidades históricas -Cataluña, el País Vasco y Galicia16 �acepten la generalización autonómica, la igualdad competencial y el equilibrio del modelo, a cambio de que las otras comunidades reconozcan la diversidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística de España y, en consecuencia, las expresiones políticas de los hechos diferenciales. En definitiva, queremos abrir un diálogo sereno, desde la franqueza y la confianza, para poder caminar todos los pueblos de España juntos hacia el Estado federal y la España plural. Los socialistas catalanes estamos convencidos de la necesidad de este paso hacia delante. Nuestra apuesta de futuro es convertir esta necesidad en posibilidad. Muchas gracias. Pasqual Maragall 17 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource 04.02. Activitat política Description An account of the resource Recull la documentació generada en relació a Pasqual Maragall en la seva activitat als partits i associacions d'àmbit polític: Front Obrer de Catalunya (FOC), Convergència Socialista de Catalunya (CSC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ciutadans pel Canvi (CpC). Type The nature or genre of the resource Sèrie No tenen tipus Tipo temporal para mapear las fichas sin tipo a la base resource template de Omeka S Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource El nuevo federalismo en España y Europa: la propuesta catalana para Europa Language A language of the resource Castellà Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. Club Siglo XXI (Madrid) Abstract A summary of the resource. Conferència de Pasqual Maragall explicant la proposta que lidera des del punt de vista català, per una Espanya i una Europa federals. Type The nature or genre of the resource Conferència Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Textual Creator An entity primarily responsible for making the resource Maragall, Pasqual, 1941- Subject The topic of the resource Federalisme Catalunya Espanya Europa Subsidiarietat Territoris Acció política Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2001-02-08 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. EAD Archive The Encoded Archival Description is a common standard used to describe collections of small pieces and to create hierarchical and structured finding aids. Level The hierarchical level of the materials being described by the element (may be other level too). Document Discursos i conferències