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                    <text>Articles de Pasqual Maragall a

20/10/2003 (5188188) - Artículo de opinión
EL PAÍS / Madrid / Base / Opinión, pág. 16

Europa se la juega en dos frentes: mapas y leyes
PASQUAL MARAGALL
Un territorio sin Constitución no existe políticamente. Un territorio sin infraestructuras
no existe económicamente, ni siquiera físicamente en el sentido cabal de la palabra,
porque no está conscientemente vertebrado.
Europa va a tener Constitución. Y paralelamente, por encargo de la Comisión
Europea, va a tener un programa de enlaces transfronterizos para vencer las grandes
barreras naturales: Alpes, Pirineos, Balcanes, mar Báltico...
Esto va en serio. Lo que hasta hace poco ha sido un lento proceso de aproximación
entre países se está convirtiendo en un procedimiento voluntarista de creación de algo
más que un espacio: un territorio con ley propia y con política propia de
comunicaciones interiores.
La trascendencia de estos avances para España y para nuestras comunidades
autónomas es muy considerable, qué duda cabe.
Con el objetivo de discutir de todo ello se reúne el día 20 en Barcelona un grupo de
personalidades europeas.
Karel van Miert, ex comisario de Competencia y encargado por Romano Prodi del
dossier de infraestructuras transfronterizas, será el ponente sobre el mapa de esa
Europa consciente y voluntarista, en sesión que presidirá el ministro de Asuntos
Exteriores de Grecia, Giorgos Papandreou.
António Vitorino, ponente de la Convención Constitucional, lo será en Barcelona sobre
el impacto del nuevo texto en las constituciones nacionales y en los estatutos
regionales.
Los objetivos de la propuesta Van Miert, como explicaba Joaquín Estefanía en estas
mismas páginas el pasado 13 del corriente mes de octubre, casan del todo con el viejo
proyecto de Jacques Delors de grandes inversiones europeas. Un proyecto que el
pesimismo económico y el predominio de la derecha en las elecciones europeas envió
al desván. Se trata de acercar Este y Oeste, y de crear un espacio europeo efectivo,
un territorio europeo, superando las barreras físicas, montañosas o marítimas.
Con una novedad: muy en lo que se podría llamar el espíritu de Lisboa, de gran
ambición en los objetivos -convertir a la Unión en la primera potencia económica
mundial- y de moderación en los medios, el proyecto une financiación privada y
financiación pública para un total invertible de más de 200.000 millones de euros en
proyectos a comenzar en su mayoría antes de 2010.
Loyola de Palacio ha declarado en torno a ese proyecto que la falta de infraestructuras
le costaba a la Unión medio punto porcentual de crecimiento cada año. Será bueno
que en España tomemos nota, porque de esa bajada de ritmo a nosotros
probablemente nos está tocando más de medio punto.
En España hay una serie de proyectos pendientes de conexión transpirenaica, desde
el promovido por Marcelino Iglesias y su Gobierno para enlazar por vía ferroviaria el
área logística de Zaragoza por Vignemale con Toulouse y Burdeos, hasta el
incomprensible retraso en unir mediante alta velocidad Lleida, Tarragona, Barcelona y
Girona con Montpellier, Marsella y Lyón: uno de los incumplimientos más notorios de
los Gobiernos de Aznar y Pujol. Por no hablar de la conexión en alta velocidad
Almería-Valencia-Castellón-Tortosa-Tarragona, para enlazar con la anterior y crear un
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�Articles de Pasqual Maragall a

corredor mediterráneo España-Francia, que sólo la miopía de esos dos Gobiernos ha
ignorado hasta el presente: éste no está ni planteado. Del mismo modo que Francia ha
descartado el crucial proyecto de lanzar una conducción eléctrica enterrada junto al
trazado del AVE mediterráneo.
Hace 40 años, en su informe previo a los Planes de Desarrollo españoles, el Banco
Mundial ya había insistido en el carácter primordial para el desarrollo global de la
economía española de los ejes ruteros Mediterráneo (La Jonquera-Murcia) y
Cantábrico (Bilbao-Behovia).
El tercero de aquellos planes de desarrollo previó, para los primeros años setenta, la
creación de una serie de áreas metropolitanas, diseñadas por José Ramón Lasuén y
Luis Racionero, que luego la democracia y las autonomías olvidaron. La red de áreas
dibujaba un mapa de España más interesante, desde luego, que el esquema radial de
Aznar.
En resumen: 25 años de democracia y autonomía no han bastado para plantear una
serie de ejes y redes elementales para el buen funcionamiento de la Península. Vamos
a ver si la Unión Europea nos ayuda a salir de este bache histórico. Cuando el mapa
se amplía, todo se ve distinto, y Europa está planteando una lógica aplastante de
conexiones transfronterizas. Bienvenida sea.
La Unión Europea plantea también una lógica legal, a través del Tratado de la
Constitución Europea, que asimismo nos va a afectar.
La construcción europea tiene carácter federal, independientemente del nombre que
se le quiera dar. La particularidad de esa construcción es que prevé cuatro niveles de
gobierno: la Unión, los Estados, las regiones y los municipios. Cierto es que la Unión,
en virtud del principio de subsidiariedad, nada dice, o muy poco, de las regiones y
ciudades o los municipios. Cada Estado tiene, como es lógico, su propio régimen
interno.
Cierto es también que en el Tratado actual la mención, para mí tan cara, de que la
Unión Europea es una unión cada vez más estrecha entre los pueblos que la forman,
en la que todo se hará -se decía- como más cerca de los ciudadanos, mejor, ha
desaparecido del texto propuesto por la Convención. Influido en este punto por el auge
del conservadurismo estatalista que hoy por hoy domina en Europa, es mal momento
para esa filosofía, para esa subsidiariedad extensiva. (Es cuestión de tiempo: otros
tiempos y otras mayorías vendrán).
Sin embargo, ninguna región, ni ningún municipio que se precie, ignora que debe estar
presente en Europa si quiere maximizar sus inversiones. Es más: la Unión establece
que los responsables de la transposición interior de la legislación europea son las
regiones, y aquellas que tienen Parlamento no sólo pueden, sino que deben dictar la
legislación aplicativa correspondiente.
Ello es lógico en una Unión en la que determinadas regiones o nacionalidades o länder
tienen mucha mayor fuerza económica que algunos de los países que la forman, y en
la que, al mismo tiempo, los Estados difieren notablemente en su organización interna
y en su grado de descentralización.
Una cosa es, pues, que la Unión no interfiera en la organización interna de los
Estados, que pueden ser más o menos autonomistas en función de su tamaño, de sus
tradiciones políticas y de su diversidad, incluida la diversidad competencial, cultural y
lingüística. Otra es que esa diversidad no deba reflejarse en las relaciones entre esos
niveles de gobierno subestatales y la Unión.

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�Articles de Pasqual Maragall a

Una de las peripecias más divertidas de ese debate es la que tiene que ver con la
asimetría inherente a la construcción europea y a las constituciones estatales. Contra
lo que se me atribuye, no me gusta usar y abusar del término asimetría, por los
malentendidos a que puede dar lugar. Lo curioso del caso es que en un informe
interno del Ministerio de Administraciones Públicas que llegó a mis manos se rebatía la
posibilidad de que una autonomía española representase a las demás en Europa como sí ocurre en la República Federal de Alemania cuando las competencias
concernidas están transferidas-, en virtud de que en este país, se decía, existe
simetría entre los länder, mientras que el principio en España -argumentaba el
informe- es la asimetría, y, por tanto, aquí unas comunidades autónomas no pueden
representar a otras.
Sin duda la existencia de regímenes forales y regímenes comunes en España parece
abonar esa tesis, sin entrar en el hecho de que incluso dentro del régimen común
existen diferencias sustanciales entre comunidades. Pero no me negarán que la
incoherencia del ministerio con el discurso político habitual del Gobierno popular es
por lo menos curiosa.
De lo que estoy convencido, a pesar de todo, es que no va a ser éste el momento en
que el embrollo se aclare. Admitamos que el vértigo que produce una construcción de
carácter federal con cuatro niveles administrativos -como ya hemos dicho, Unión,
Estados, regiones y ciudades- es considerable en el momento en que uno de los
niveles (el estatal) tiene que convencer a su población de las bondades del nuevo nivel
(la Unión) que estamos fortaleciendo con la nueva Constitución Europea.
Si además el Estado al que se pertenece tiene dificultades para mantener su peso en
la toma de decisiones prevista en ella como ocurre en el caso de España, las
probabilidades de que el nivel regional, aunque tenga competencias legislativas, vea
colmadas sus aspiraciones de representación en Europa son escasas.
Sin embargo, estoy aún más convencido de que la realidad potentísima de los pueblos
europeos que conviven dentro de muchos Estados, como reconocen nuestra propia
Constitución y otras constituciones estatales, acabará por imponerse en Europa,
porque Europa necesita más que nadie de un respaldo popular que sólo el
reconocimiento por su parte de la pluralidad de algunos Estados le va a poder
garantizar.
Sin duda, en Europa entramos en una nueva era. Y esa nueva era no tardará en tener
que aceptar que así como los Estados Unidos de Norteamérica tienen su base en tres
niveles de gobierno (el federal, el estatal y el local), en nuestro caso, en Europa, por
razones históricas, geográficas y culturales, los niveles necesarios para reflejar la
realidad son cuatro, y aun con diversos grados de intensidad según los países.
Pasqual Maragall es presidente del PSC.

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